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Diputada Franggi Nicolás presenta proyecto de ley para castigar a quienes roben agua o dañen acueductos

Proyecto de ley busca castigar duramente a quienes roben agua y obliga a pagar por el daño a quienes dañen o provoquen averías.

La diputada liberacionista Franggi Nicolás Solano presentó una iniciativa a corriente legislativa que castiga severamente a quienes dañen o instalen cualquier tipo de dispositivo de extracción en una tubería de acueductos públicos; sin la autorización del ente encargado.

Esta práctica se lleva a cabo debido a que personas inescrupulosas instalan tomas ilegales en los sistemas de distribución de las distintas instituciones encargadas de abastecer el preciado líquido, tales como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la empresa de servicios públicos de Heredia (ESPH), las redes de acueductos municipales o las Asadas, por citar los principales proveedores, en busca de apropiarse de forma ilegal de agua.

Si bien existe en el Código Penal, la figura de usurpación de aguas crudas sin ningún tipo de tratamiento, existen vacíos legales para el robo de agua potable y el daño que se causa a las tuberías.

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Con esta adición a un artículo del Código Penal, se aumenta la pena de cárcel que actualmente va de 6 meses a 4 años en prisión, a 1 año y hasta 6 años; mientras que los días multas pasarán de 60 a 120 días multa.

“En los últimos meses, tristemente miles de ciudadanos en todo el país, se han visto afectados por los racionamientos ante la “escasez” de agua. Y mientras miles de hogares llegan a pasar hasta 16 horas sin agua, algunos inescrupulosos se aprovechan para robar, dañar tuberías y desviar de su cauce el agua para que, diversos proyectos inmobiliarios puedan disfrutar de este preciado líquido sin pagar, reduciendo aún más las posibilidades de que sea distribuido justamente en la población”, dijo la diputada Nicolás Solano.

Solo en el 2018, más de 200 desarrollos urbanísticos, como condominios y torres de apartamentos fueron encontrados por el AyA, haciendo esta práctica perversa, que significó pérdidas a la institución por más de 20 mil millones de colones.

“El agua es un recurso vital para nuestra sociedad, no debemos dejar que algunos, pretendan robar este bien básico para todos”, agregó la Diputada.

El 90% de esas conexiones ilegales se registra en clientes residenciales y el restante 10% se atribuye a otros tales como complejos turísticos, centros de lavado de carros y diferentes empresas.

Los propietarios de inmuebles beneficiados por la sustracción ilegal en el acueducto deberán cancelar una multa de 5 salarios base, mientras que cuando el daño tenga el propósito de aprovechar comercialmente el líquido o de abastecer conjuntos de viviendas, apartamentos o condominios, la multa será de 30 salarios base.

Asimismo, la iniciativa incluye el castigo a los funcionarios públicos que, valiéndose de sus cargos, faciliten la extracción del líquido o las tomas ilegales, sancionándose una vez aprobada esta iniciativa con un tercio más a la pena.

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